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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada Ponente

SC796-2026

Radicación n° 11001-31-99-003-2023-03125-01

(Aprobado en sesión de veintidós de julio de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes, frente a la sentencia del 22 de julio de 2025, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso -«Acción de Protección al Consumidor Financiero»- adelantado por los aquí recurrentes contra Fiduciaria de Occidente S.A., en calidad de sociedad comercial y/o como vocera del Patrimonio Autónomo Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1293; actuación en la que fue llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

  1. ANTECEDENTES

José Luis Correa Samper y Juan David Cortés Barros, quienes comparecieron atribuyéndose la calidad de cesionarios de los derechos económicos, así como de las acciones administrativas y judiciales que correspondían a la Compañía de Ingeniería y Montajes Especializados S.A. -Comingel S.A.-, promovieron acción de protección al consumidor financier, con apoyo en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, contra Fiduciaria de Occidente S.A., a la que demandaron tanto en su condición de sociedad comercial como en la de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1-293.

Las pretensiones:

Solicitaron, en primer lugar, se declarara que la fiduciaria vulneró los derechos del consumidor financiero, en perjuicio de Comingel S.A., de quien dijeron ser cesionarios legítimos, consecuencialmente  se condenara a la demandada a pagar, a título de perjuicios, la suma de catorce mil cuatrocientos treinta y nueve millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y un pesos ($14.439.966.881), correspondiente -según su cálculo- al cincuenta por ciento de los recursos desembolsados del patrimonio autónomo, esto es, a la participación de Comingel S.A. Reclamaron, además, los intereses moratorios a la tasa máxima legal comercial, equivalente a una vez y media el interés bancario corriente, sobre ese mismo capital, desde que se configuró el incumplimiento y hasta el pago total. Pidieron también que se impusiera a la demandada una multa de hasta ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al citado artículo 58; que la autoridad jurisdiccional ejerciera las facultades de fallar ultra y extra petita; y que se condenara en costa

.

Los hechos:

El conflicto tuvo su origen en un contrato estatal. La Unión Temporal de Amoblamiento Urbano de Santa Marta resultó adjudicataria de la Licitación Pública No. 002 de 2000 abierta por el Distrito de Santa Marta por lo que suscribió el Contrato de Concesión No. 002 de 2000, cuyo objeto comprendía la construcción, instalación, administración, diseño, mantenimiento y explotación de los elementos de amoblamiento urbano del distrito, así como la explotación de la publicidad exterior visual, por un término de veinte años. Para el pago de la operación, la cláusula quinta del contrato impuso al concesionario constituir una fiducia mercantil con una entidad vigilada, a la que se transferirían las rentas tributarias cedidas por el distrito -un porcentaje del impuesto de industria y comercio y del de avisos y tableros- de las que se obtendrían los recursos del proyecto.

En cumplimiento de esa exigencia, la unión temporal, como fideicomitente, celebró el 1.º de mayo de 2001 con Fiduciaria de Occidente S.A. el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago No. 3-1-293. Los demandantes insistieron en que, pese a su origen común, la relación nacida de la concesión y la surgida de la fiducia eran jurídicamente independientes, con sujetos, regímenes y causales de extinción propios. Dentro de la unión temporal, la participación de Comingel S.A. fue inicialmente del veinte por ciento, correspondiendo el ochenta por ciento restante a Camunsa Internacional S.L., sucursal de sociedad extranjera. A partir de la cesión parcial de la concesión aprobada mediante la resolución n.º 2646 del 18 de noviembre de 2001, la unión temporal quedó integrada en proporciones iguales del cincuenta por ciento por Comingel S.A. y Jaime Hernando Lafaurie Vega, composición que -según afirmaron- se mantuvo hasta la liquidación del contrato. En la misma línea, los demandantes sostuvieron que la calidad de fideicomitente correspondió primero a Camunsa y Comingel (2001-2002) y, en lo sucesivo, a Lafaurie Vega y Comingel (2002 a diciembre de 2020), de modo que Comingel conservó su condición de fideicomitente, en cuantía del cincuenta por ciento, hasta el final del contrato.

La ejecución transcurrió sin tropiezos hasta el año 2018. En esa época, a propósito de la prórroga de la concesión y a raíz de hechos ocurridos en Bogotá, los entonces administradores de Comingel S.A. -Jorge Alejandro Mejía García y Rodolfo Antonio Gómez- precipitaron la salida de la compañía. Los demandantes relataron que la declaratoria de caducidad de un contrato de obra ajeno a este proceso, celebrado por un consorcio en el que Comingel S.A. tenía participación, generó una inhabilidad y motivó a aquellos administradores a ceder, de manera apresurada e irregular, las posiciones contractuales de la sociedad. Así, sin agotar el procedimiento previsto en el documento de constitución de la unión temporal y sin contar con la autorización de los órganos sociales de Comingel S.A., el señor Mejía García solicitó al Distrito de Santa Marta la cesión de la participación de la compañía a favor de Tecnourbanas Ingeniería y Construcciones S.A., cesión que el distrito autorizó mediante resolución del 30 de octubre de 2018.

El 30 de enero de 2020, José Luis Correa Samper fue designado gerente de Comingel S.A. en reemplazo del señor Mejía García, a quien en la demanda se le atribuye las irregularidades narradas; el propio Correa Samper había formulado denuncia penal contra los anteriores administradores.

El cuestionamiento se centró en la conducta de la fiduciaria. Sostuvieron los demandantes que la cesión de la posición de fideicomitente a favor de Tecnourbanas nunca se perfeccionó ante Fiduciaria de Occidente S.A., pues no se aportaron los soportes exigidos, de modo que Comingel S.A. permaneció como fideicomitente hasta el final. Afirmaron que, a partir de la radicación de la solicitud, el 19 de marzo de 2019, la fiduciaria conoció la disparidad entre el titular de la concesión y el del contrato de fiducia, pero la reconoció apenas en el informe semestral con corte a octubre de 2019 y, lejos de adoptar medida alguna para proteger el patrimonio fideicomitido, continuó desembolsando las rentas al concesionario. Las reiteradas peticiones de Comingel S.A. para que se suspendieran los pagos y se convocara el comité fiduciario -entre otras, las radicadas el 14 de febrero, el 24 de agosto y el 19 de noviembre de 2020, y el 26 de abril y el 13 de mayo de 2021- fueron, según la demanda, desatendidas.

Relataron, además, que mediante comunicación del 3 de noviembre de 2020 la fiduciaria, por conducto del señor César Augusto Reyes Castelblanco, comunicó la terminación del contrato de fiducia y se negó a celebrar el comité solicitado, con el argumento de que Comingel S.A., por hallarse inhabilitada para contratar con el Estado, había perdido su condición de concesionaria y, por extensión, la de fideicomitente, configurándose la extinción del negocio por imposibilidad de realizarlo. A juicio de los demandantes, ese razonamiento confundía el régimen de la contratación estatal con el del contrato privado de fiducia y desconocía que la liquidación de este último no operaba de pleno derecho ni de manera unilateral.

Se alegó además, que: i) el interventor de la concesión, DECOLDA S.A., certificó no haber autorizado los pagos efectuados a título de publicidad exterior visual durante el periodo en disputa, lo que -a juicio de los demandantes- configuraba una infracción adicional al procedimiento de desembolsos; ii) la fiduciaria, ante la controversia, consultó a la Alcaldía y a la Secretaría de Hacienda del Distrito y no al Superintendente Financiero, y que aquella, mediante respuesta del 13 de noviembre de 2020, ordenó girar los recursos a la unión temporal invocando la vigencia de la concesión, instrucción en la que la fiduciaria amparó la continuidad de los pagos pese a las peticiones de suspensión; iii) con posterioridad a la cesión no perfeccionada a favor de Tecnourbanas, se produjeron cesiones sucesivas a favor de Nova S.A.S. y Urbanos y Construcciones S.A.S., de las que la fiduciaria no habría tenido noticia sino hasta poco antes de la liquidación.

El perjuicio lo cifraron en los recursos que la fiduciaria desembolsó al concesionario entre el 19 de marzo de 2019 y la cesación de efectos del contrato, que conforme a sus propios informes ascendieron a veintiocho mil ochocientos setenta y nueve millones novecientos treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos ($28.879.933.762); de esa suma, la mitad -la participación de Comingel S.A.- constituye el capital reclamado.

Por último, su legitimación la acreditaron mediante documentos privados fechados el 28 de mayo de 2021, según los cuales Comingel S.A. les cedió la totalidad de los derechos económicos de la reclamación -un cincuenta y cinco por ciento a Correa Samper y un cuarenta y cinco por ciento a Cortés Barros-, ambas cesiones pactadas a título de dación en pago: la otorgada a Cortés Barros, por honorarios profesionales de abogado, y la de Correa Samper, por acreencias previas a su favor. Cesiones previamente notificadas a la fiduciaria. Señalaron haber agotado el requisito de procedibilidad con la reclamación directa presentada el 31 de agosto de 2021 y afirmaron la oportunidad de la acción por haberse interpuesto dentro del año siguiente a la terminación del contrato, ocurrida el 11 de diciembre de 2020 con la rendición final de cuentas.

La demandada se opuso y propuso los siguientes medios de defensa: «EXCEPCIÓN RELATIVA A LA AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.»; «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO»; «FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. NO LIQUIDÓ UNILATERALMENTE EL CONTRATO FIDUCIARIO, ESTE SE EXTINGUIÓ POR LA CAUSA LEGAL PREVISTA EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 1240 DEL CÓDIGO DE COMERCIO»; «EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.»; «IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA AL NO ESTAR LLAMADA LA FIDUCIARIA A RESPONDER CON RECURSOS PROPIOS»; y «EXCEPCIÓN GENÉRICA»

A su turno, La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A., llamada en garantía, formuló las excepciones que denominó «Falta de legitimación en la causa por activa»; «Inexistencia de la obligación reclamada en favor de Comingel S.A. y consecuentemente en favor los cesionarios de esta»; «Falta de competencia de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera para conocer controversias contractuales derivadas de negocios societarios y o ajenos a los contratos celebrados por las sociedades bajo su vigilancia»; «Prescripción de la acción de protección al consumidor financiero»; «Cobro de lo no debido»; y «La genérica o ecuménica»

En sentencia anticipada dictada el 26 de noviembre de 2024, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia negó las pretensiones, al declarar probadas las excepciones de falta legitimación en la causa por activa y prescripción de la acción de protección al consumidor

El Tribunal, en sentencia del 22 de julio de 2025, al resolver la apelación formulada por los demandantes, confirmó el fallo de primera instancia, porque encontró acreditada la falta de legitimación en la causa por activa, puesto que «en cabeza de los convocantes José Luis Correa Samper y Juan David Cortes Barros no persiste la calidad de consumidores financieros frente a las demandadas».

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL

1.Luego de referirse al régimen de la fiducia mercantil y de la responsabilidad del fiduciario -con apoyo, entre otras, en la sentencia SC2879-2022-, el Tribunal recordó que los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 establecen la acción de protección del consumidor para cuando sus derechos han sido vulnerados en el marco de una relación de consumo, vínculo que debe probarse para establecer la viabilidad formal de la acción. Sobre esa premisa abordó la legitimación.

Dijo que la legitimación en la causa, a diferencia de los presupuestos procesales, es uno de los requisitos para dictar sentencia de mérito, cuestión propia del derecho sustancial cuyo estudio puede darse de oficio, pues su ausencia insuperable impide decidir de fondo. Con apoyo en la doctrina citada en la providencia STC11358-2018, subrayó que la legitimación se vincula con la titularidad de la relación jurídica material discutida. Añadió que, en el campo de la responsabilidad contractual de las entidades financieras -que es la que funda las pretensiones-, la jurisprudencia (entre otras, la SC2879-2022) exige la confluencia de un contrato bilateral válido, su incumplimiento, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro.

Como la parte demandante solicitó a la jurisdicción tramitar una acción de protección del consumidor financiero, con apoyo en disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio relativas a la existencia de un contrato bilateral válidamente celebrado, el caso se debía estudiar bajo el régimen de la responsabilidad contractual. Identificó luego que el contrato materia de debate era la fiducia mercantil constituida el 1.º de mayo de 2001 entre la Unión Temporal de Amoblamiento Urbano de Santa Marta -como fideicomitente- y Fiduciaria de Occidente S.A., y rechazó de manera expresa la tesis de los apelantes sobre la independencia entre la fiducia y la concesión. Para ello transcribió apartes del propio contrato, entre ellas, el objeto, que ata el patrimonio autónomo a los derechos patrimoniales derivados del contrato de concesión; el ítem cuarto, que prevé la constitución del fideicomiso como obligación del fideicomitente en su calidad de concesionario; el literal c) del clausulado tercero, sobre la inversión de los recursos para la ejecución del proyecto; y, en particular, la cláusula séptima, según la cual «EL CONTRATO DE CONCESIÓN hace parte integrante del presente documento, ya que en este se establecen las obligaciones que le corresponden a EL FIDEICOMITENTE como concesionario de EL DISTRITO» (SIC). De allí concluyó que el alcance e interpretación del encargo no podían erigirse de manera independiente, pues su surgimiento tiene génesis en la concesión.

Sentado lo anterior, examinó los documentos de cesión de derechos económicos del 28 de mayo de 2021 con que los convocantes pretendían justificar su actuación y los halló carentes de idoneidad y eficacia frente a la posición convencional que Comingel S.A.S. ostentó en la concesión y en la fiducia, al punto de no demostrar la existencia de un contrato bilateral válidamente celebrado entre las partes en contienda.

Reconstruyó enseguida la historia contractual: la conformación inicial de la unión temporal por Comingel S.A.S. y Camunsa Internacional S.L.; la sustitución de esta última por Jaime Hernando Lafaurie Vega mediante la Resolución n.º 2646 de 2001; la declaratoria de inhabilidad de Comingel para contratar dispuesta por la Procuraduría con efectos desde el 20 de mayo de 2018, según el registro del SIRI que  aplicó el artículo 9.º de la Ley 80 de 1993 -modificado por el artículo 6.º de la Ley 2014 de 2019-, que impone al miembro inhábil de una unión temporal ceder su participación; y, sobre esa base, el documento privado del 2 de mayo de 2018 por el que quien fungía como representante legal de Comingel S.A.S. cedió a Tecnourbanas su participación en la unión temporal. De la cláusula segunda (parágrafo) de esa cesión -que dispone que los derechos económicos derivados del contrato de concesión salen del patrimonio del cedente para ingresar al del cesionario- y de la aceptación de la Alcaldía de Santa Marta del 30 de octubre de 2018, dedujo que desde esa fecha cesó, en ambos componentes (concesión y fiducia), la relación contractual de Comingel S.A.S., que en lo sucesivo fue reemplazada por Tecnourbanas. Agregó las cesiones posteriores, de diciembre de 2019, a favor de Nova S.A.S. y Urbanos Construcciones S.A.S., de las que no fueron ajenas ni la Alcaldía ni la fiduciaria.

De ese recuento concluyó que Comingel S.A.S. se desprendió de su vinculación convencional frente a la concesión y la fiducia desde el 30 de octubre de 2018; que el único acto de cesión revestido de validez fue, a lo sumo, el que aquella otorgó a favor de Tecnourbanas con el aval de la Alcaldía; y que las cesiones efectuadas después por el nuevo representante de Comingel a favor de los demandantes, del 28 de mayo de 2021, no producían efectos sobre el acuerdo de fiducia, porque se realizaron cuando ya había concluido la relación contractual de esa empresa con la fiduciaria y con la Alcaldía. De suerte que ningún contrato válido existió entre la fiduciaria y los demandantes, no se probó relación de consumo financiero entre ellos, y tampoco obraba prueba de que los demandantes como personas naturales fueran usuarios o clientes potenciales de una entidad financiera en los términos del artículo 2.º de la Ley 1328 de 2009. Por esas razones no acogió los reparos relacionados con ese tema.

Respecto de los demás cuestionamientos, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse. Advirtió que la sola configuración de la falta de legitimación bastaba para negar todas las pretensiones, lo que tornaba innecesario evaluar la prescripción, pues pronunciarse sobre ella conduciría a pensar erróneamente que entre las partes existió un interés jurídico legítimo. Invocó el artículo 282 del Código General del Proceso -probada una excepción que conduce a rechazar todas las pretensiones, el juez debe abstenerse de examinar las restantes- y, por sustracción de materia, dejó de resolver los motivos b, c y d. Precisó que la sentencia anticipada estaba fundada en la configuración de la falta de legitimación (numeral 3.º del artículo 278 del Código General del Proceso) y que, conforme a la sentencia del 27 de abril de 2020, no existe irregularidad al proferir sentencia anticipada cuando explica por qué era innecesario la práctica de pruebas; en el caso, los testimonios e indicios nada aportaban, pues bastaba el examen de los documentos.

2. Dentro del término de ejecutoria, los demandantes solicitaron de un lado adición de la sentencia para incluir pronunciamiento sobre los reparos relativos a la prescripción de la acción y al llamamiento en garantía y, del otro, que se aclararan las razones por las que se tuvo a la Unión Temporal de Amoblamiento Urbano de Santa Marta como fideicomitente, y no a Comingel S.A., los que se negaron por lo siguiente:

En cuanto a la adición, el Tribunal recordó que solo procede cuando la providencia omite resolver algún extremo de la litis o punto que debía decidirse. Señaló que el reparo sobre legitimación sí fue resuelto, en los acápites considerativos 4.3.3. y siguientes del fallo. Y que, si bien los aspectos ajenos a esa figura -la prescripción y el llamamiento en garantía- no fueron objeto de pronunciamiento autónomo, esa circunstancia quedó zanjada en el numeral 4.3.5. de la sentencia, que los tuvo por innecesarios ante la prosperidad de la falta de legitimación, conforme al artículo 282 del Código General del Proceso, regla predicable también en segunda instancia.

En cuanto a la aclaración, tras un examen comparativo de la sentencia con el memorial, estimó que no existían conceptos o frases que ofrecieran verdadero motivo de duda; que las razones por las que se determinó que la Unión Temporal asumió la condición de fideicomitente estaban claramente expuestas en las consideraciones; y que ese punto resultaba, en todo caso, intrascendente, por no correspondía con los argumentos por los que se consideró que los demandantes no tenía legitimación.

III. DEMANDA DE CASACIÓN

En la demanda de casación se proponen dos cargos, pero solo se estudiará el primero -fundado en el numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso- por tener la virtualidad de quebrar el fallo objeto de este recurso; análisis que satisface la finalidad común perseguida en el cargo segundo, resultando, así, innecesario entrar a examinarlo.

CARGO PRIMERO

Con fundamento en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, los recurrentes acusan la sentencia de segunda instancia de quebrantar de manera indirecta los artículos 1964 del Código Civil, 1936 del Código de Comercio y el literal D del artículo 2º de la Ley 1328 de 2009, así como el principio de buena fe, por haber incurrido el Tribunal en manifiestos y trascendentes errores de hecho en la apreciación de las pruebas, al (i) omitir analizar o apreciar la prueba que en verdad obra en los autos y (ii) desconocer el contenido de las pruebas documentales que individualizaron en el cargo.

1. Las consideraciones del fallo que se atacan

Refieren que el Tribunal tuvo por probado que el contrato de cesión celebrado entre Comingel S.A.S. y los señores José Luis Correa Samper y Juan David Cortés Barros carecía de efectos jurídicos sobre el acuerdo de fiducia mercantil del que se pretendían derivar derechos económicos. A su juicio, los apartes citados del fallo revelan que  la confirmación de la decisión de primera instancia lo fue porque: i) el contrato de cesión celebrado entre Comingel y los demandantes carecía de validez, por haberse celebrado con anterioridad una cesión a favor de un tercero; ii)  la cesión de la posición que Comingel ocupaba en el contrato de concesión guardaba relación directa con el contrato de fiducia mercantil en el que figuró como fideicomitente la Unión Temporal de Amoblamiento Urbano de Santa Marta y la Fiduciaria de Occidente S.A.; y iii) como consecuencia de lo anterior, la cesión efectuada por Comingel a favor de un tercero sobre el contrato de concesión implicaba inequívocamente la cesión de los derechos económicos derivados de ese contrato, regulados a través de la fiducia mercantil.

Sostienen que estas premisas constituyen el fundamento del fallo y que fueron las que permitieron al Tribunal desestimar el alegato de sus mandantes, a quienes -afirma- les fueron válidamente cedidos los derechos económicos derivados de los valores desembolsados a favor del concesionario.

2. La demostración del error de hecho

Plantean que la decisión se fundó en deducciones y estimaciones contrarias a las pruebas obrantes en el expediente, a partir de una valoración absolutamente incompleta del acervo. Aducen que el Tribunal restó toda importancia a las pruebas aportadas por la parte demandante y no consideró: i) que el contrato de cesión de crédito a favor de sus mandantes es plenamente válido; ii) que, conforme al Otrosí No. 01 del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1-293, Comingel es parte de dicho contrato; y (iii) que el crédito cedido se causó con anterioridad a la cesión de la posición contractual en el contrato de concesión. Subrayan que precisamente los derechos económicos derivados del contrato de fiducia, causados antes de la cesión realizada en el contrato de Concesión 002 de 2000, fueron los cedidos a los actores.

El error de hecho lo plantearon en los siguientes términos:

2.1. Indebida valoración del Otrosí No. 01 al Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-293. Afirmaron que, con este contrato, se probó que Comingel S.A.S. fue parte sustancial del negocio fiduciario. Sostienen que el Tribunal edificó su decisión sobre una premisa fáctica equivocada: que el contrato de fiducia No. 3-1-293 se celebró exclusivamente entre la Fiduciaria de Occidente S.A. y la Unión Temporal Amoblamiento Urbano de Santa Marta, excluyendo a Comingel como parte contractual o fideicomitente. Tal conclusión -dicen- desconoce el contenido expreso del Otrosí No. 01, documento auténtico suscrito el 15 de abril de 2002, obrante en el expediente, que demuestra que Comingel intervino directamente en calidad de fideicomitente. Destacan que en el encabezado del Otrosí se identifica expresamente a Comingel Ltda. y al señor Jaime Hernando Lafaurie Vega como fideicomitentes -y no a la Unión Temporal-; que el propio tenor literal emplea lenguaje plural al señalar que «quienes en adelante y para los efectos del presente documento, se denominarán el fideicomitente»; y que en la firma del documento ese reconocimiento de Comingel Ltda. y Jaime Hernando Lafaurie Vega como partes contractuales se otorgó con la anuencia y participación de la Fiduciaria de Occidente S.A. (a través de su representante legal Adriana Pinzón Aranguren).

Concluyen que la sentencia omitió valorar o tergiversó el alcance jurídico del documento, al afirmar que el vínculo fiduciario se predicaba únicamente de la Unión Temporal como sujeto abstracto. Califican el error de manifiesto, por cuanto el documento es auténtico, está incorporado al proceso, identifica expresamente a Comingel como fideicomitente y no admite interpretación ambigua; no se trata -insisten- de una valoración discutible, sino de una omisión objetiva del contenido literal del documento. La trascendencia del yerro la sustentan en que el Tribunal construyó toda su ratio decidendi sobre la inexistencia de vínculo contractual entre Comingel y la fiduciaria, de donde dedujo que no existía relación de consumo financiero en cabeza de Comingel ni derecho indemnizatorio alguno susceptible de cesión a favor de los cesionarios.

2.2. Indebida valoración de la cesión realizada por Comingel a favor de los demandantes. Exponen que el Tribunal sostuvo equivocadamente que, habiendo cedido Comingel su participación contractual en octubre de 2018, carecía en mayo de 2021 de derechos susceptibles de transferencia, por lo que la cesión a favor de los actores resultaba ineficaz; y que de ese presupuesto dedujo la falta de legitimación activa. A juicio de los censores, el razonamiento incurre en error porque confunde dos instituciones y dos momentos distintos: la cesión de la posición contractual y la cesión de un crédito indemnizatorio ya incorporado al patrimonio del cedente.

Recuerda que el ordenamiento civil consagra como regla general la libre transmisibilidad de los créditos personales: la cesión produce efectos entre cedente y cesionario mediante la entrega del título y frente al deudor desde que le es notificada o aceptada, y, conforme al artículo 1964 del Código Civil, comprende los privilegios y accesorios del crédito. Sostiene que en este caso la cesión se celebró válidamente el 28 de mayo de 2021 mediante instrumentos escritos aportados al proceso, cuya existencia no fue controvertida, y que fue debidamente notificada a la fiduciaria antes de la interposición de la acción -según se argumentó en la sustentación de la apelación-, sin que la entidad, pese a tener conocimiento formal de la transferencia, se pronunciara. Con apoyo en el artículo 1960 del Código Civil, afirman que la notificación al deudor es presupuesto necesario para que la cesión le sea oponible, sin que se exija aceptación expresa, de modo que el crédito quedó válidamente transferido a los actores desde la notificación.

Anotan que la sentencia no cuestiona la validez formal de la cesión ni la existencia de la notificación, sino que se limita a negarle efectos bajo el entendido de que el contrato fuente ya no estaba vigente, desconociendo así que el crédito indemnizatorio derivado de un incumplimiento constituye un derecho patrimonial autónomo, distinto de la posición contractual misma. Aun si la participación de Comingel hubiese cesado en 2018 -agregan-, ello no extingue automáticamente los derechos indemnizatorios surgidos de presuntos incumplimientos ocurridos durante la vigencia del negocio, pues el crédito indemnizatorio, una vez nacido, se incorpora al patrimonio del acreedor y es libremente transferible salvo prohibición legal expresa. Insisten en que ninguna norma prohíbe la cesión del crédito indemnizatorio derivado de una relación fiduciaria o de consumo financiero, ni la Ley 1328 de 2009 ni la Ley 1480 de 2011, siendo la intransferibilidad excepcional y de previsión legal expresa, y la transmisibilidad la regla general. Concluyen que el error es trascendente, porque la falta de legitimación por activa fue el fundamento exclusivo de la confirmación del fallo y condujo al rechazo integral de las pretensiones; de haberse interpretado correctamente el régimen de cesión de créditos, el Tribunal habría reconocido la legitimación y examinado el fondo del litigio.

 Los recurrentes sostienen además que el Tribunal interpretó indebidamente el acervo al concluir que Comingel cedió su posición contractual a Tecnourbanas S.A.S. el 2 de mayo de 2018, pues tal negocio jurídico nunca existió. Precisan que la Alcaldía de Santa Marta aprobó, mediante acto administrativo del 30 de octubre de 2018, una cesión de posición contractual de la Unión Temporal -sustituyendo a Comingel por Tecnourbanas frente a la entidad contratante-, pero por petición rogada del representante legal de la Unión Temporal al ente territorial, sin que dicha petición contara con contrato, acuerdo o manifestación de voluntad ni justo título emanado de Comingel, lo que califica como una maniobra defraudatoria contra esa sociedad por parte de los directivos de la Unión Temporal. Resalta que la propia resolución del 30 de octubre de 2018, en su punto cuarto, indica que el trámite de autorización estuvo precedido de una mera solicitud formulada por el representante legal del contratista, sin anexo alguno.

2.3. Ausencia de valoración de la respuesta al derecho de petición del 13 de febrero de 2019. Señalan que la respuesta de la Alcaldía de Santa Marta al derecho de petición, anexada oportunamente en el traslado de excepciones de mérito bajo la nominación "PRUEBA 15. DOCS. CESIÓN CONCESIÓN", fue indebidamente valorada. Afirman que ni en el documento ni en sus anexos se aprecia la existencia de contrato o documento de cesión de Comingel a favor de Tecnourbanas S.A.S., pues la Alcaldía solo halló la solicitud de autorización, el concepto-aprobación de DECOLDA S.A., el concepto de viabilidad técnica de la Gerencia de Infraestructura y la autorización de cesión por el Despacho del Alcalde, dejando constancia  que las notificaciones a los socios y oficios de convocatoria no reposaba documento alguno por tratarse de archivos internos de la Unión Temporal. Argumentan que la negligencia de la Alcaldía al aceptar una cesión sin manifestación de voluntad del cedente Comingel no altera la realidad de que no existía justo título para entender configurado el fenómeno subrogatorio a favor de Tecnourbanas, asunto que la fiduciaria no pudo pasar por alto. Reiteró que para 2018 no hubo cesión a favor de Tecnourbanas, lo que -a su juicio- refuerza la consistencia probatoria de la tesis de los casacionistas.

2.4. Indebida valoración de los comités fiduciarios. Sostienen que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, las actas de los comités fiduciarios de la Fiduciaria de Occidente S.A.  de los años 2019 y 2020 dan cuenta de que a Comingel se le reconoció como legítimo fideicomitente hasta la liquidación del contrato de fiducia mercantil en 2020, de modo que se tergiversó su contenido. Agregan que de dichos comités se constata que no existió contrato de cesión de Comingel a favor de Tecnourbanas, ni siquiera obra constancia de autorización de la asamblea de accionistas de aquella sociedad al gerente para proceder en tal sentido.

2.5. Indebida valoración de los oficios de la Fiduciaria y de la rendición de cuentas. Afirman que el Tribunal también ignoró los oficios que la Fiduciaria de Occidente S.A. expidió en respuesta a los derechos de petición de Comingel, en los que dejó constancia de que nunca existió autorización ni perfeccionamiento de cesión de la posición contractual de fideicomitente a favor de Tecnourbanas, por cuanto los peticionarios -sancionados por la Superintendencia de Sociedades como administradores sociales de Comingel- nunca probaron justo título del supuesto negocio subrogatorio de 2018. Citan, en concreto, el oficio del 13 de octubre de 2020, suscrito por la Directora Regional Beatriz Caballero Zambrano, en el que se certifica que la Fiduciaria no ha autorizado ninguna cesión de posición contractual y que dentro del Fideicomiso No. 3-1-293 se tienen reconocidos como fideicomitentes a Comingel S.A. y a Jaime Hernando Lafaurie, con una participación del 50% cada uno; y el oficio del 20 de octubre de 2020, que remite copia del Acta de Comité Fiduciario No. 55 del 16 de octubre de 2019 -mediante la cual el representante de la Unión Temporal comunicó la cesión del porcentaje de participación entre sus integrantes-, reiterando que la Fiduciaria solicitó los soportes, que no ha autorizado ninguna cesión y que mantiene reconocidos como fideicomitentes a Comingel y a Lafaurie (50% cada uno).

Invocan asimismo el documento de rendición final de cuentas de la Fiduciaria, según el cual los peticionarios de la cesión de Comingel a favor de Tecnourbanas no aportaron la documentación para perfeccionarla, sencillamente porque esta no existía. Añaden que las actuaciones irregulares y presuntamente delictivas del representante legal de la Unión Temporal, Jorge Alejandro Mejía García, le valieron resolución de sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Concluyen que resulta inexacta, imprecisa y errónea la afirmación del Tribunal de que la cesión fuera inválida por la previa cesión de la posición contractual a Tecnourbanas, pues la sociedad defraudada ostentó hasta el último día del contrato la calidad de fideicomitente y, por ende, de consumidor financiero, siendo a partir de ahí válida la cesión efectuada a favor de los accionantes.

3. La notoriedad del error de hecho

Sostienen que el yerro es notorio, pues el Tribunal omitió valorar las pruebas documentales reseñadas e ignoró por completo las circunstancias que rodearon la celebración del contrato de cesión entre Comingel y los demandantes. Afirman que basta contrastar la sentencia con el material probatorio para evidenciar los yerros, dado que el fallo ni siquiera mencionó:i) el Otrosí No. 01 al Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-293, según el cual Comingel era parte sustancial del contrato; ii) que la cesión de crédito entre Comingel y los demandantes versó sobre acreencias ya incorporadas al patrimonio del cedente y no pagadas; ni iii) las respuestas a los derechos de petición y los distintos oficios de la Fiduciaria. El error, concluyen, consiste en la inadecuada valoración de las pruebas y en el completo desconocimiento de los hechos del proceso.

IV. CONSIDERACIONES

Para resolver, la Corte recordará primero el estándar técnico que gobierna el error de hecho en casación, con el fin de acotar el ámbito de su escrutinio (§1). Luego fijará las premisas normativas que rigen la materia: la naturaleza de la legitimación en la causa (§2); la noción de consumidor financiero y la legitimación para ejercer la acción de protección (§3); así como el régimen de la cesión de derechos litigiosos y la habilitación que confiere al cesionario (§4). Sobre esas bases confrontará lo que el Tribunal tuvo por probado con el contenido del expediente, para determinar si el yerro existió y si fue determinante de la decisión (§5). Por último, fijará los efectos de lo concluido y, de prosperar el cargo, procederá a dictar la sentencia sustitutiva.

1. El error de hecho en casación y los contornos del escrutinio de la Corte.

El cargo se propone por la vía indirecta y se apoya en el error de hecho. Conviene, entonces, recordar el estándar que gobierna esa causal, pues él demarca de antemano los contornos del examen que la Corte puede emprender y, con ellos, la medida de lo que el recurrente está llamado a demostrar.

El recurso de casación no abre una tercera instancia ni habilita para reabrir el debate probatorio agotado ante los jueces de conocimiento. La sentencia impugnada está amparada por una presunción de legalidad y acierto que solo se desvanece cuando se acredita que el Tribunal incurrió en equivocaciones evidentes y trascendentes; de modo que, para invalidarla, no basta discrepar de sus conclusiones ni proponer una lectura distinta del material probatorio.

Cuando el cuestionamiento se encauza por la vía indirecta -prevista en el numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso-, el error denunciado puede revestir dos formas. Será de derecho si el sentenciador quebranta las normas que gobiernan la aducción, el decreto, la práctica o el mérito de las pruebas, esto es, si se equivoca en su contemplación jurídica. Y será de hecho cuando el desacierto recaiga sobre la contemplación objetiva o material de la prueba, porque el juzgador «las pretermitió, supuso, alteró o tergiversó su contenido material» (CSJ SC148-2026). La distinción no es de simple nomenclatura: cada especie obedece a un régimen propio, y al censor le corresponde encuadrar su acusación en la que convenga, sin mezclar el desatino fáctico con el jurídico.

El error de hecho -que es el invocado en este asunto- se asocia necesariamente con la presencia física de la prueba en el expediente o con su contenido objetivo, una vez verificada su existencia. De ahí sus modalidades. Hay preterición cuando el fallador ignora o pasa por alto un medio que obra válidamente en el proceso y resultaba relevante para la decisión; hay suposición cuando, a la inversa, sustenta su conclusión en una prueba que no milita en los autos; y hay alteración o tergiversación cuando, existiendo el medio materialmente, el juzgador lo adiciona, lo cercena o distorsiona su sentido, haciéndole decir lo que no expresa. En todos los supuestos, el cotejo debe hacerse prueba por prueba, frente al contenido intrínseco de cada una.

No cualquier desacierto tiene la virtualidad de quebrar el fallo. El error ha de ser, en primer término, manifiesto: debe ser «abrupto y ostensible, de manera que, analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arribó el juzgador por efecto de su valoración, salte de bulto la disconformidad» (CSJ SC047-2023). Es el yerro «notorio, el que aparece de bulto, aquel que se descubre fácilmente sin necesidad de escolásticas alegaciones o de tremendos esfuerzos de imaginación» (CSJ SC 2 ago. 1958, reiterada en CSJ SC225-2023). Por eso, atendida la discreta autonomía que conserva el juzgador de instancia para apreciar las pruebas, el yerro solo se configura «en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez» (CSJ SC 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01, reiterada en CSJ SC495-2023). Una lectura apenas alternativa, por elaborada que se presente, no evidencia desacierto alguno, pues «no resulta suficiente presentar deducciones antagónicas a las expuestas en la sentencia» (CSJ SC11294-2016).

El error debe ser, asimismo, trascendente. No es suficiente con que exista: se requiere que haya sido determinante de lo resuelto, al punto de que, sin él, el sentido del fallo habría sido otro. Entre el yerro probatorio y la decisión ha de mediar «una relación necesaria de causa a efecto» (CSJ SC15173-2016); el desacierto que no se proyecta en el resultado es inane y carece de aptitud para infirmar la sentencia.

Pesa, por consiguiente, sobre el recurrente la carga de individualizar la prueba preterida, supuesta o tergiversada, de precisar en qué consistió la desviación frente a su contenido material y de explicar su repercusión concreta en lo decidido. Y a la Corte, que en esta sede actúa como juez de la decisión del Tribunal y no del proceso, le está vedado acometer un nuevo examen del acervo más allá de la verificación de los yerros denunciados. Con ese rasero, y dentro de esos límites, se estudiará el cargo.

2. La legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la aptitud para reclamar en juicio un derecho y para resistir esa reclamación, que corresponde a quienes integran la relación o situación jurídica sobre la que versa el litigio. Por el lado activo, exige que el demandante sea la persona a quien la ley reconoce la facultad de formular la pretensión (acreedor); por el pasivo, que el demandado sea aquel contra quien la ley permite ejercerla (deudor). De ambos debe cerciorarse el juez, pues la pretensión únicamente puede prosperar si quien la deduce y aquel frente a quien se deduce son, en su orden, los sujetos de la relación material controvertida.

Conviene precisar qué clase de exigencia es, porque de ello dependen sus efectos. La legitimación no es un presupuesto del proceso: no pertenece al conjunto de requisitos -la capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer, la competencia, la demanda en debida forma- de cuya concurrencia depende la válida constitución de la relación procesal. Un juicio puede haberse tramitado con observancia cabal de esos presupuestos y, sin embargo, terminar en una decisión adversa por ausencia de legitimación. Ella no gobierna, pues, la validez de la actuación, sino la posibilidad de una sentencia favorable (CSJ SC2215-2021 y SC2427-2025).

Por lo mismo, la legitimación es cuestión de derecho sustancial, no de forma: mira a la situación material debatida. Mas no se confunde con la titularidad del derecho que se reclama. Una cosa es estar habilitado para llevar la pretensión ante el juez -por figurar en la relación jurídica litigada- y otra, bien distinta, ser en verdad el dueño del derecho que en ella se discute. Quien carece de legitimación no alcanza un pronunciamiento de fondo a su favor, por sólido que sea el derecho que invoque; y quien la tiene puede, con todo, sucumbir si en el proceso se acredita que el derecho no le asiste. La legitimación abre la puerta del examen de mérito; la titularidad decide su resultado.

De ahí que al juzgador le incumba verificarla siempre que se disponga a acceder a las pretensiones, aun cuando ninguna de las partes la haya cuestionado, pues sin ella no hay sentencia estimatoria posible. Esa verificación consiste en confrontar la realidad del proceso con la relación sustancial debatida: comprobar que el demandante integra esa relación -o es titular del derecho disputado- y que el demandado es quien, según la ley, está llamado a responder por la pretensión o a contradecirla.

La consecuencia de su ausencia confirma esta comprensión. Cuando el demandante o el demandado carecen de legitimación, el juez no se inhibe de resolver el conflicto: dicta una sentencia de mérito que niega las pretensiones, al declarar que quien pide no es el llamado a obtener lo pedido, o que aquel de quien se pide no es el llamado a satisfacerlo. Por tratarse de una decisión de fondo -y no de un fallo inhibitorio-, hace tránsito a cosa juzgada. La falta de legitimación, en suma, no impide juzgar, conduce a un juzgamiento desfavorable a quien la sobrelleva.

3. La noción de consumidor financiero y la legitimación para ejercer la acción de protección.

La acción de protección al consumidor financiero supone, como primer presupuesto, que quien la ejerce tenga esa precisa calidad. Importa, por tanto, fijar qué se entiende por consumidor financiero y, además -porque de ello pende la suerte de este litigio-, cuándo nace esa condición, cuánto perdura y qué destino pueden seguir las reclamaciones que de ella emanan.

3.1. La materia está gobernada por dos regímenes con ámbitos propios. El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) rige, de manera general, las relaciones de consumo de los sectores «respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley» (artículo 2º). El régimen especial de la Ley 1328 de 2009, por su parte, disciplina «la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia» (artículo 1º). En el ámbito financiero gobierna, pues, la ley especial, y el estatuto general se aplica de modo apenas supletorio.

Cada régimen define a su destinatario con un criterio distinto. El estatuto general entiende por consumidor a quien, «como destinatario final», adquiere o utiliza un producto para satisfacer una necesidad propia no ligada intrínsecamente a su actividad económica (artículo 5º, numeral 3º), esto es, una noción construida sobre la finalidad de la adquisición. La Ley 1328, en cambio, define al consumidor financiero, en el literal d) de su artículo 2º, como «todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas», es decir, una noción construida sobre la relación del sujeto con la entidad, cualquiera que sea el propósito del negocio.

Esa diferencia no es un descuido del legislador, sino una decisión. Cuando se expidió la Ley 1328 de 2009, esta Corte ya había elaborado, a propósito del Decreto 3466 de 1982, la doctrina según la cual solo es consumidor quien persigue la satisfacción de una necesidad no ligada intrínsecamente a su actividad económica (CSJ SC 3 may. 2005, rad. 1999-04421-01); el legislador de 2009, que la conocía, no la incorporó a la definición sectorial. Y el de 2011, al consagrar el criterio finalista en el estatuto general, dejó expresamente a salvo los regímenes especiales. Ese doble silencio es elocuente: en el mercado financiero, donde el cliente típicamente contrata precisamente para servir a sus negocios -el crédito de la empresa, la fiducia del proyecto, el seguro de la actividad-, condicionar la protección a que el producto sea ajeno al giro económico del adquirente equivaldría a vaciar el régimen justo allí donde fue concebido para operar.

3.2. Sobre esas bases, la Sala unificó su doctrina en las sentencias SC1718-2025 y SC1757-2025, ambas proferidas el 15 de agosto de 202: la calidad de consumidor financiero se determina por la existencia de una relación -de origen legal o contractual, actual o en formación- con una entidad vigilada, sin que sea dable adicionar a la definición legal exigencias que el legislador no previó, como la de ser destinatario final del producto o la de que este sea extraño a la actividad económica del cliente. No es del caso reproducir aquí los desarrollos de esos fallos; basta recordar sus consecuencias para este asunto. Primera: los clientes de las sociedades fiduciarias -sociedades de servicios financieros con el carácter de instituciones financieras (artículos 3º y 325, numeral 2, literal a, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)- son consumidores financieros en los términos del literal d) del artículo 2º de la Ley 1328 de 2009. Segunda: la legitimación por activa en la acción de protección está en cabeza de los «consumidores financieros» (artículos 57 ejusdem y 24 -numeral 2°- del Código General del Proceso), que no son otros que los señalados en el precepto 2° de la ley 1328 de 2009», y la pasiva en «las «entidades vigiladas», esto es, las personas «sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia»» (CSJ SC1718-2025).

3.3. Definido así el perímetro de la noción, este caso exige dar un paso más y precisar su dinámica, en la medida en que, la de consumidor financiero no es una calidad instantánea, que se agote en el acto de contratar, sino una condición que acompaña al sujeto mientras subsista el vínculo que lo origina, y cuyas secuelas patrimoniales lo sobreviven.

Lo primero fluye de la propia definición: si la condición nace de la relación con la entidad vigilada, perdura mientras la relación exista, y solo la extinción de esta -no las vicisitudes que la afecten ni los actos que terceros o la propia entidad ejecuten sin eficacia para disolverla- puede hacerla cesar. De donde se sigue que la determinación de si alguien conservaba o no la calidad de consumidor financiero en un momento dado es, ante todo, una cuestión de hecho: la de si la relación jurídica que la sustenta seguía en pie.

Lo segundo lo presupone la ley. El numeral 3º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 dispone que las controversias netamente contractuales pueden proponerse «a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato»: el legislador, al conceder ese plazo, da por sentado que la terminación del vínculo no despoja al consumidor de la titularidad de las reclamaciones nacidas durante su vigencia ni de la vía especial para hacerlas valer. La calidad de consumidor financiero, en lo que toca con esas reclamaciones, no se disuelve con el contrato, se proyecta sobre el litigio que este dejó sembrado. Y como tales reclamaciones son de estirpe puramente patrimonial -una indemnización en dinero-, nada en ellas es personalísimo; su suerte circulatoria se gobierna por las reglas comunes de la cesión, según se examinará en el acápite siguiente.

3.4. Queda por resolver una objeción que suele oponerse a la comprensión amplia que se acaba de exponer. Esa refutación se apoya en la sentencia C-909 de 2012, por la cual la Corte Constitucional examinó, entre otras normas, el literal d) del artículo 2º de la Ley 1328 de 2009. Según quienes la formulan, ese fallo habría añadido a la definición de consumidor financiero un requisito: que lo adquirido satisfaga una necesidad «no ligada intrínsecamente a su actividad económica». Y como ese entendimiento provendría del juez constitucional, obligaría a la jurisdicción ordinaria con fuerza de cosa juzgada.

En este proceso el punto no es accesorio. El contrato de fiducia No. 3-1-293 fue el instrumento con el que se administró y pagó la concesión, y esa concesión era, justamente, la actividad económica de la fideicomitente. Por eso, si tal requisito existiera, se resquebrajaría la premisa sobre la que se apoya la legitimación que más adelante se estudia. Resolver la objeción es, entonces, condición previa de esta decisión.

La objeción no se sostiene, por lo que sigue.

En primer lugar, porque confunde hasta dónde llega la cosa juzgada constitucional. La parte resolutiva de la C-909 de 2012 declaró los apartes acusados «EXEQUIBLES, por los cargos analizados», y limitó así, de modo expreso, su pronunciamiento a las censuras que estudió. Cualquiera que sea la clase de cosa juzgada que se le atribuya, esta cubre solo lo decidido y la razón que directamente lo sostiene; nunca las consideraciones incidentales de la parte motiva. Y la razón de la decisión fue una sola: que la definición legal «satisface y respeta los principios de actividad económica e iniciativa privada libres», porque la protección se justifica en las «desigualdades o desequilibrios inmanentes al mercado» que la propia Constitución reconoce. A ese juicio de validez, y únicamente a él, alcanza la autoridad del fallo. La mención de la necesidad «no ligada intrínsecamente a su actividad económica» fue apenas un dicho de paso, como ya lo advirtió esta Sala (CSJ SC1718-2025), y no genera cosa juzgada ni precedente vinculante.

En segundo lugar, porque esa lectura le hace decir a la sentencia lo contrario de lo que decidió. En aquel proceso, los demandantes pidieron precisamente una exequibilidad condicionada de la norma, «bajo el entendido de que "solo será consumidor financiero todo cliente o usuario o potencial cliente que se encuentre en una condición de asimetría o desequilibrio frente a la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia"». La Corte Constitucional se negó a restringir la definición y la declaró exequible de manera pura y simple. Pretender extraer de ese mismo fallo una restricción aún más severa que la que allí se rechazó resulta insostenible, en la medida en que ya no se trataría de exigir asimetría, sino que el producto fuera ajeno al giro económico del cliente. Eso invierte el sentido de lo resuelto. Si la exequibilidad misma quedó limitada a los cargos analizados, con mayor razón carece de fuerza vinculante una consideración incidental que la resolutiva no recogió.

En tercer lugar, porque el pasaje que se invoca, leído completo, tampoco dice lo que se le atribuye. El párrafo donde aparece la necesidad «no ligada intrínsecamente a su actividad económica» termina afirmando que consumidor financiero «lo será todo aquel vinculado de una u otra forma, directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de tal actividad económica»; y la actividad económica que allí se menciona es la de las entidades vigiladas, no la del cliente. El fallo cierra señalando que la noción comprende «a toda persona natural o jurídica, sin que concierna sobre esa calidad la existencia o no de desigualdades y asimetrías, o de circunstancias de necesidad o conveniencia». Un texto que concluye reafirmando lo amplio de la definición no puede convertirse en fuente de su recorte.

En cuarto lugar, porque la propia sentencia constitucional separó las competencias en juego: «el tema de las definiciones, los supuestos de protección y los mecanismos de garantía, de acuerdo con la fuente de consumo, corresponde al ordenamiento legal». La asimetría entre las entidades vigiladas y sus clientes fue valorada por el legislador en abstracto, como fundamento del régimen, y no como un requisito que deba probarse caso por caso. Exigir esa verificación individual -o la de la finalidad del acto de consumo- trasladaría al juez una definición que la Constitución reservó a la ley. Además, haría depender la competencia misma de la Superintendencia Financiera de un juicio incierto y anticipado sobre el mérito, lo que abriría la puerta a constantes conflictos de jurisdicción. De ello da fe este mismo expediente, que necesitó la intervención de la Corte Constitucional para hallar juez.

Y, por último, porque la propia Corte Constitucional, en un pronunciamiento reciente, enunció la definición del consumidor financiero en sus términos legales -«todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas»-, sin agregado finalista alguno, y recordó en esa misma providencia que el estatuto general se aplica de manera solo suplementaria (CC, C-278 de 2024). Ni siquiera su autora lee la C-909 de 2012 como lo propone la objeción.

3.5. De todo lo anterior se sigue una conclusión sencilla y firme. Quien mantiene con una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera una relación de origen legal o contractual es, por ese solo hecho y sin consideración a la finalidad del negocio, consumidor financiero; esa calidad perdura mientras la relación subsista y, extinguida esta, se proyecta sobre las reclamaciones patrimoniales nacidas durante su vigencia, que el titular puede hacer valer por la vía de la acción de protección dentro del plazo legal, o transferir conforme a las reglas que enseguida se estudian.

4. El régimen de la cesión de derechos litigiosos y la habilitación que confiere al cesionario.

Lo que se transfiere en la cesión de un derecho litigioso no es un derecho, sino su incertidumbre. El artículo 1969 del Código Civil lo dice con precisión: se cede un derecho litigioso «cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente». El cesionario no recibe, entonces, una prestación cierta, sino la contingencia de obtenerla; adquiere la suerte del pleito, y por eso el cedente no responde de su resultado. De ahí, también, que el carácter litigioso de un derecho no dependa de que exista un proceso en curso: brota de la sola controversia sobre su titularidad, dentro o fuera de un juicio. Como lo ha reiterado esta Sala, basta que el derecho sea controvertido, en todo o en parte, «aun sin que sobre él se hubiere promovido jurisdiccionalmente un pleito», para que pueda cederse, entendida la operación como el traspaso del evento incierto de la litis (CSJ SC2059-2025; en igual sentido, la doctrina recogida en CSJ SC3379-2019). La cesión es, así, el instrumento concebido para introducir cambios en el extremo acreedor de la relación discutida, al margen de la acción judicial enderezada a definir el derecho (CSJ SC15339-2017).

Podría objetarse que el propio artículo 1969, en su segundo inciso, dispone que «se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda», de donde se seguiría que sin demanda notificada no hay derecho litigioso. La objeción, sin embargo, equivoca el alcance de esa regla. La notificación que el inciso reclama opera solo «para los efectos de los siguientes artículos» -los cánones 1970 a 1973-, que gobiernan el título con que se adquiere la legitimación, la personería del demandante y, ante todo, la facultad de retracto del deudor cedido. Para cuanto escape de esos efectos, la expresión conserva su sentido natural: un derecho es litigioso desde que su titularidad se disputa. Así lo precisó la Corte desde antiguo, al advertir que, fuera de aquellos supuestos, «no cabe ni se aplica la misma limitación» (CSJ, Sala de Negocios Generales, 29 sep. 1947). El inciso segundo, en suma, no define cuándo nace un derecho litigioso, sino desde cuándo corren ciertos efectos frente al deudor.

Despejado lo anterior, importa fijar la naturaleza del negocio. La cesión de un derecho litigioso es un contrato consensual: se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades, a título oneroso o gratuito, y genera de inmediato obligaciones entre cedente y cesionario, sin sujeción a formalidad alguna, incluso cuando el derecho discutido recae sobre un inmueble (CSJ SC2059-2025). No la subordina la ley a solemnidad ninguna, pues «ninguna norma legal exige algún tipo de formalidad» para ella (CSJ, SC 14 mar. 2001, exp. 5647). Es, por tanto, un negocio completo y válido desde su celebración, con independencia de que exista, o llegue a existir, un proceso.

De esa estructura deriva la consecuencia que da sentido a la figura: por virtud de la cesión, el cesionario queda habilitado para reclamar el derecho controvertido, judicial o extrajudicialmente. La ley no hace de esa reclamación un privilegio del cedente; al contrario, conforme al artículo 1970 del Código Civil, «es indiferente que sea el cedente o (sic) cesionario el que persigue el derecho». El cesionario puede, pues, hacerse presente en el juicio para que su derecho sea reconocido, o promoverlo él mismo; y su facultad de acudir a la jurisdicción no pende del consentimiento del deudor cedido, porque ninguna norma supedita esa intervención a tal aceptación. La Sala lo ha dicho sin rodeos, en un pronunciamiento aplicable al presente:

Siendo evidente que el actor, en efecto, promovió el proceso como cesionario de los derechos litigiosos (…), surge claro, esa sola circunstancia lo autorizaba para solicitar de la jurisdicción del Estado se compusiera la controversia, inclusive al margen de la otra cesión efectuada en el proceso. (CSJ SC15339-2017).

Esa habilitación explica un rasgo que separa esta cesión de la de créditos. En la cesión de un crédito -derecho cierto y exigible frente a un deudor determinado- la transferencia se hace oponible al deudor desde que se le notifica o la acepta (artículo 1960 del Código Civil): el aviso es allí presupuesto de eficacia frente a él. En la cesión de un derecho litigioso, en cambio, no es necesario notificar de antemano al eventual obligado ni obtener su aceptación para perseguir el derecho. Aunque deba hacérsele saber la cesión, ese aviso no condiciona la reclamación: a lo sumo le previene del cobro, y constituye un problema de oponibilidad, pues «una cosa es el negocio cesivo, y otra, totalmente diferente, el noticiamiento» (CSJ SC15339-2017).

La razón de fondo es elocuente, y la Corte la ha hecho explícita: no es lo mismo sustituir a un acreedor que a un deudor. Cambiar de acreedor no afecta al obligado, porque su prestación habría de cumplirla «sin importar el nombre del titular»; cambiar de deudor, en cambio, sí lo trasciende, porque la capacidad económica y la reputación del primer obligado obraron como factores de confianza al nacer el crédito, allí sí se torna necesario el consentimiento del acreedor (CSJ SC15339-2017). Como en la cesión de un derecho litigioso lo que muda es el extremo acreedor -y no el deudor-, la posición de este último no se resiente, y su aceptación no es requisito para que el cesionario reclame.

No por ello queda el deudor cedido inerme. La ley, que mira con recelo la especulación con litigios, le reconoce el derecho de retracto o rescate: la facultad de liberarse de la disputa pagando al cesionario únicamente lo que este dio por la cesión, con los intereses corridos desde que se le notificó, prerrogativa que se ejerce «después de transcurridos nueve días de la notificación del decreto en que se manda ejecutar la sentencia» (artículo 1972 del Código Civil). Pero ese contrapeso no opera siempre. El artículo 1971 mantiene a salvo del retracto varias cesiones -la gratuita, la hecha por ministerio de la justicia, la comprendida en la enajenación de la cosa litigiosa, la celebrada entre comuneros o coherederos, la verificada al poseedor, usufructuario o arrendatario y, lo que aquí concierne, la realizada a un acreedor en pago de lo que el cedente le debía-, esta última porque, «extinguida la obligación, faltaría el ánimo de ganancia indebida» que el retracto procura conjurar (CSJ SC15339-2017).

Conviene, en fin, no confundir la cesión con la sucesión procesal del artículo 68 del Código General del Proceso. La cesión es el acto sustancial y voluntario que confiere por sí mismo la legitimación para demandar; la sucesión procesal es la consecuencia que persigue mudar formalmente la parte dentro del juicio. Para que el cesionario sustituya por entero al cedente se requiere la aceptación expresa de la contraparte; a falta de ella, el adquirente no queda excluido, sino que puede actuar como litisconsorte del titular anterior. De modo que el cesionario no necesita esa sustitución previa para promover el proceso. Le basta su título para comparecer, en su propio nombre, a reclamar el derecho.

Nada de lo expuesto cambia cuando el derecho controvertido nace de una relación de consumo. A falta de prohibición legal, es viable ceder el evento incierto de la litis surgido de ella; y, por esa vía, el cesionario adquiere la facultad de reclamar -judicial o extrajudicialmente- ante la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, en su condición de consumidor financiero, en los términos del literal d) del artículo 2º de la Ley 1328 de 2009. A quien invoca esa calidad le incumbe, eso sí, para evidenciar su legitimación, acreditar la existencia y validez del contrato de cesión en que la funda. La cesión, pues, no engendra un derecho nuevo, en la medida en que traslada al cesionario la misma contingencia que el cedente habría podido hacer valer, con la legitimación que le es inherente.

5. Resolución del cargo.

5.1. El cargo se formula por la causal segunda y denuncia errores de hecho en la apreciación de las pruebas. Cierto es que, al desarrollarlo, la censura intercalo consideraciones de estirpe normativa -sobre la transmisibilidad del crédito y la calificación de los contratos de cesión-, ajenas a la vía indirecta. Mas eso no impone su rechazo. Como el único pilar sobre el que el Tribunal  fundó la decisión es la falta de legitimación, porque Comingel S.A. se desvinculó de la fiducia el 30 de octubre de 2018, a él se contrae la Corte, conforme al criterio finalista que informa el parágrafo 3.º del artículo 344 del Código General del Proceso, sin que las observaciones normativas, propias del juicio de instancia, alteren el cauce del examen.

5.2. Conviene recordar el sustento de la sentencia recurrida. Tras enlazar el contrato de concesión con el de fiducia, el Tribunal dedujo de la cesión de la posición en la concesión -aceptada por la Alcaldía de Santa Marta el 30 de octubre de 2018- que, desde esa fecha, cesó en ambos frentes la vinculación contractual de Comingel, reemplazada por Tecnourbanas. De allí dedujo que, cuando esta sociedad cedió a los demandantes, el 28 de mayo de 2021, ya nada tenía que transferir, pues había salido de la fiducia tiempo atrás; y que, por lo mismo, no existió contrato ni relación de consumo entre la fiduciaria y los actores, razón por la que declaró la falta de legitimación.

5.3. Lo primero que el expediente desmiente es que los demandantes carezcan de título. Obran en él dos documentos privados, fechados el 28 de mayo de 2021 y presentados personalmente, al día siguiente, ante la Notaría Sexta del Círculo de Barranquilla, en los que Comingel S.A. -representada por su gerente, José Luis Correa Samper, según el certificado de existencia y representación anexo- figura como cedente. En el primero (CGLSA-JLCS No. 001) cede a Correa Samper el cincuenta y cinco por ciento de «los derechos económicos … relativos a la reclamación administrativa y/o judicial por incumplimiento contractual a efectuarse en contra de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. … en la ejecución y liquidación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1-293», con la precisión de que el cesionario, «por cuenta propia, litigará y ejercerá los actos y acciones que estime convenientes para su concreción y materialización» En el segundo (CGLSA-JDCB No. 001) cede a Juan David Cortés Barros el cuarenta y cinco por ciento restante de esos mismos derechos, con idéntico encargo de perseguirlos por su cuenta

Esa cesión fue, además, puesta en conocimiento de la fiduciaria antes de iniciarse el proceso. El 30 de agosto de 2021, Comingel S.A., por conducto de su gerente, remitió a las direcciones de correspondencia de Fiduciaria de Occidente S.A. la «notificación de cesión de derechos económicos relativos al incumplimiento contractual a cargo de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A en el contrato de la referencia». El escrito remitido, fechado el 28 de agosto de 2021, identifica ese contrato sin equívoco: el «Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1-293 (Amoblamiento Urbano de Santa Marta)». Y la comunicación fue radicada ese mismo día, bajo el número R-21-029224, por el centro de administración documental encargado de la correspondencia de la entidad, con copia a la propia fiduciaria

A todo lo anterior se suma que ni la existencia de los contratos de cesión ni su notificación fueron objeto de controversia. La fiduciaria guardó silencio sobre la condición de cesionarios que los actores invocaron en la demanda, no obstante que el numeral 2.º del artículo 96 del Código General del Proceso le exigía pronunciarse de manera expresa, so pena de tenerse por cierto el hecho que no negara Esa actitud silente reviste de veracidad la calidad con que comparecen los demandantes.

5.4. Lo segundo, y decisivo, es que la premisa de la cual partió el Tribunal -la salida de Comingel de la fiducia el 30 de octubre de 2018- riñe con el contenido del expediente, que el fallo no consideró. Dos bloques documentales la desmienten: el que da cuenta del origen de la vinculación de Comingel al negocio fiduciario y el que acredita su continuidad hasta la terminación del contrato.

Desde temprano en la ejecución, Comingel fue parte directa del contrato de fiducia, en condición de fideicomitente. Así consta en la modificación No. 01 al Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1-293, suscrita el 15 de abril de 2002. Ese documento -elaborado en papelería de Fiduciaria de Occidente S.A. y firmado por su representante legal, Adriana Pinzón Aranguren- identifica como otorgantes, de una parte, a Rodolfo Gómez Gómez, en nombre de Comingel Ltda., y a Jaime Hernando Lafaurie Vega, «quienes conforman la U.T. AMOBLAMIENTO URBANO SANTA MARTA, quienes en adelante y para los efectos del presente documento, se denominarán EL FIDEICOMITENTE», y, de la otra, a la fiduciaria. Conforme a su consideración séptima, la participación correspondía por partes iguales a Lafaurie Vega y a Comingel Ltda., con el cincuenta por ciento cada uno. El otrosí revela, pues, que Comingel intervino directamente, por conducto de su representante y como integrante del fideicomitente, en la modificación del contrato de fiducia, con la anuencia y la firma de la propia fiduciaria Que el documento mencione a «Comingel Ltda.» y las comunicaciones posteriores a «Comingel S.A.» no introduce duda alguna: se trata de la misma persona jurídica -idéntico número de identificación tributaria-, que en 2006 mudó su tipo social de limitada a anónima

Esa condición se mantenía intacta poco antes de la terminación del negocio, según lo reconoció la propia fiduciaria. En comunicación del 23 de septiembre de 2020, suscrita por César Augusto Reyes Castelblanco, Director de Regionales de Fiduciaria de Occidente S.A., la entidad informó al representante legal de Comingel que «a la fecha, esta Fiduciaria no ha autorizado ninguna cesión de posición contractual; en consecuencia, dentro del Fideicomiso … se tienen reconocidos como Fideicomitentes a la empresa Comingel S.A. y Jaime Hernando Lafaurie … con una participación del 50% para cada uno», y, todavía más, calificó a Comingel, sin rodeos, de «FIDEICOMITENTE» En igual sentido se pronunció al responder las peticiones radicadas el 3 y el 21 de septiembre de 2020, en las que reiteró esa misma condición y ese mismo porcentaje y lo propio certificó en los oficios del 13 y del 20 de octubre de 2020, en los que volvió a hacer constar que no había autorizado cesión alguna de la posición contractual y que mantenía reconocidos como fideicomitentes a Comingel y a Lafaurie, en partes iguales

El contraste no deja resquicio. Si la fiduciaria declaró, en septiembre y octubre de 2020, que no había aprobado cesión alguna y que seguía reconociendo a Comingel como fideicomitente al cincuenta por ciento, mal podía el Tribunal dar por probado que esa sociedad había dejado de serlo desde octubre de 2018. Y la coincidencia es elocuente: la misma participación que el otrosí de 2002 atribuyó a Comingel -el cincuenta por ciento- es la que la fiduciaria seguía reconociéndole dieciocho años después. La calidad de fideicomitente no se interrumpió en 2018; se prolongó desde el comienzo del contrato hasta su ocaso.

El propio desenlace lo confirma. Fue la fiduciaria quien, en comunicación del 3 de noviembre de 2020, informó a Comingel la terminación del negocio, por haberse «configurado la causal de terminación … por la imposibilidad absoluta de realizar sus fines» (numeral 2.º del artículo 1240 del Código de Comercio) Difícilmente se anuncia la terminación de un contrato a quien, según el fallo, había salido de él dos años atrás.

El yerro, así, es de los que la jurisprudencia reputa manifiestos: no proviene de una lectura discutible, sino del simple cotejo entre lo que las pruebas dicen y lo que el Tribunal concluyó. El sentenciador supuso una desvinculación que las constancias de la propia demandada -el otrosí de 2002 y las comunicaciones de 2020, no tachadas de falsas- desmienten; y, para llegar a esa suposición, dejó de apreciar tales documentos.

5.5. Resta mostrar que el desacierto fue determinante, pues solo el error trascendente quiebra la sentencia. Y lo fue. Toda la deslegitimación pende de la premisa desvirtuada: el Tribunal negó que existiera relación de consumo entre la fiduciaria y los actores, y que Comingel tuviera algo que ceder, únicamente porque tuvo a esta sociedad por desvinculada de la fiducia desde 2018. Removida esa premisa -acreditado, al contrario, que Comingel conservó la calidad de fideicomitente hasta la terminación del negocio, a finales de 2020-, se derrumba el soporte de aquella conclusión. Entre el error y la decisión media, pues, la relación necesaria de causa a efecto que esta sede reclama: de no haberse supuesto la salida de 2018, el fallo no habría podido negar la legitimación por inexistencia de vínculo.

5.6. Demostrado que el Tribunal incurrió en error de hecho manifiesto y trascendente al tener por desvinculada a Comingel S.A. de la fiducia desde el 30 de octubre de 2018, en contra de las constancias en que la propia fiduciaria la siguió reconociendo como fideicomitente, prospera el cargo y se casará la sentencia impugnada. La definición de las consecuencias jurídicas de lo así establecido -la calificación de los contratos de cesión, la legitimación de los demandantes y la suerte de la prescripción- corresponde a la Corte en sede de instancia, al proferir la sentencia sustitutiva.

V. SENTENCIA SUSTITUTIVA

Corresponde ahora a la Corte, situada en sede de instancia, resolver la apelación que los demandantes interpusieron contra el fallo de primer grado. Con ese fin, enseguida se procederá.

1. La sentencia de primera instancia.

El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, que ejerce a prevención esa atribución respecto de las controversias entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas (numeral 2.º del artículo 24 del Código General del Proceso). Mediante sentencia anticipada, esa autoridad negó las pretensiones por encontrar configuradas dos excepciones que, a su juicio, lo cerraban de antemano: la falta de legitimación en la causa por activa y la prescripción.

Para lo primero dijo que Comingel se había desvinculado de la fiducia desde el 30 de octubre de 2018, de modo que, al ceder a los demandantes en 2021, nada tenía ya que transferir, y estos no podían tenerse por consumidores financieros frente a la fiduciaria. Para lo segundo computó el término de prescripción a partir de esa misma fecha, y, contrastándola con la presentación de la demanda, el 6 de octubre de 2021, concluyó que la acción se había ejercido por fuera del plazo de un año previsto en el numeral 3.º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

2. El recurso de apelación.

Inconformes, los demandantes apelaron. Sostuvieron, en lo esencial, que sí estaban legitimados, pues habían adquirido por cesión los derechos relativos a la reclamación contra la fiduciaria y, en esa condición, podían perseguirlos en juicio; y que la acción no estaba prescrita, porque el término no podía contarse desde una desvinculación que no ocurrió, sino, a lo sumo, desde la terminación del contrato de fiducia, de suerte que la demanda fue oportuna. Pidieron, en consecuencia, que se revocara la decisión anticipada y se abriera paso al estudio de fondo de sus pretensiones.

3. Consideraciones.

Despejado en sede de casación que Comingel conservó la calidad de fideicomitente hasta la terminación del negocio fiduciario, a finales de 2020, esa premisa fáctica queda fijada y sirve de base a cuanto sigue. Resta examinar, con ese presupuesto, los dos reparos de la apelación: la legitimación de los demandantes y la prescripción de la acción.

3.1. La legitimación de los demandantes.

El punto de partida es la condición de Comingel. Acreditado que fue fideicomitente del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3-1-293 hasta su terminación, y siendo Fiduciaria de Occidente S.A. una sociedad de servicios financieros vigilada por la Superintendencia Financiera, Comingel ostentó frente a ella la calidad de consumidor financiero, en los términos del literal d) del artículo 2.º de la Ley 1328 de 2009 y conforme a lo expuesto en las consideraciones que anteceden. A Comingel, por tanto, le asistía la reclamación por el incumplimiento que atribuye a la fiduciaria en la ejecución y liquidación de ese contrato, y con ella la legitimación para hacerla valer por la vía de la acción de protección al consumidor financiero.

Esa reclamación fue, justamente, el objeto de los dos contratos que Comingel celebró el 28 de mayo de 2021. Y aunque ambos se rotularon «cesión de derechos económicos», su denominación no determina su naturaleza: lo que define a un negocio no es el nombre que las partes le asignan, sino el contenido real de lo que acuerdan. Examinado ese acuerdo, lo cedido no fue un derecho cierto y consolidado, sino la contingencia de obtener una indemnización todavía disputada. Los propios instrumentos lo dicen sin ambages: su objeto es la «reclamación administrativa y/o judicial por incumplimiento contractual a efectuarse en contra de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.»; el cesionario «por cuenta propia, litigará y ejercerá los actos y acciones que estime convenientes para su concreción y materialización»; y el valor de lo cedido se pactó «sin importar el fracaso de la gestión, o el menor o mayor valor que resulte declarado», precisamente porque -según el texto- «la reclamación a efectuar es una contingencia futura e incierta»

Quien describe así su negocio no cede un crédito: cede el evento incierto de un litigio. Y eso es, ni más ni menos, lo que el artículo 1969 del Código Civil entiende por cesión de un derecho litigioso, que tiene lugar «cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente». Que al celebrarse los contratos no pendiera todavía un proceso no altera esa calificación, pues -como se explicó- el carácter litigioso de un derecho surge de la controversia sobre su titularidad, dentro o fuera de un juicio. Los convenios del 28 de mayo de 2021 son, por tanto, cesiones de derechos litigiosos, cualquiera que sea el rótulo que ostentan.

Calificados de ese modo, la consecuencia es la que gobierna esta figura, esto es, el cesionario de un derecho litigioso queda habilitado, por esa sola circunstancia, para reclamar el derecho controvertido, sin que su intervención penda del consentimiento del deudor cedido. Así lo tiene definido la Sala: promovida la reclamación por quien obra como cesionario de los derechos litigiosos, «esa sola circunstancia lo autorizaba para solicitar de la jurisdicción del Estado se compusiera la controversia» (CSJ SC15339-2017). José Luis Correa Samper, cesionario del cincuenta y cinco por ciento, y Juan David Cortés Barros, del cuarenta y cinco por ciento restante, están, pues, legitimados para reclamar de la fiduciaria -y de su garante- la indemnización cuya contingencia les fue cedida. No reclaman un derecho propio y nuevo, sino la misma reclamación que Comingel, como consumidor financiero, habría podido elevar; a ellos se trasladó esa contingencia, con la legitimación que le es inherente.

El panorama no cambia si la reclamación tuvo origen en una relación de consumo. Como se indicó atrás, ninguna norma prohíbe ceder el evento incierto de la litis nacido de ella, y el derecho cedido es de estirpe patrimonial -una indemnización en dinero-, ajeno a los que, por su carácter personalísimo, escaparían al comercio. La cesión, por lo demás, se hizo a título de dación en pago, para extinguir deudas que Comingel tenía con los cesionarios; circunstancia que no solo confirma su carácter oneroso, sino que la sustrae aun del derecho de retracto del deudor cedido, expresamente exceptuado por el artículo 1971 del Código Civil para la cesión hecha a un acreedor en pago de lo que se le debe.

En la parte pasiva, la legitimación corresponde a Fiduciaria de Occidente S.A., entidad vigilada llamada a responder por las obligaciones nacidas del contrato de fiducia, y, en la medida de su llamamiento, a La Previsora S.A. como garante. Queda establecido, en suma, que los demandantes están legitimados para promover la acción y que la convocada lo está para resistirla; la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, acogida en primera instancia, no podía prosperar.

3.2. La prescripción.

La segunda razón de la decisión anticipada fue la prescripción. Para resolverla debe precisarse, ante todo, desde cuándo corre el término. El numeral 3.º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 distingue según la materia: las demandas para la efectividad de la garantía han de presentarse dentro del año siguiente a su expiración; «las controversias netamente contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato»; y, en los demás casos, dentro del año siguiente a que el consumidor conozca los hechos que motivaron la reclamación. Tratándose aquí de una controversia contractual -el incumplimiento que se imputa a la fiduciaria en la ejecución y liquidación del fideicomiso-, el término aplicable es el del año siguiente a la terminación del contrato.

Fijado ese punto de partida, la conclusión se impone. El contrato de fiducia terminó el 3 de noviembre de 2020 -así lo comunicó la propia fiduciaria, al invocar la imposibilidad absoluta de realizar sus fines- y la demanda se presentó el 6 de octubre de 2021, esto es, dentro del año siguiente a esa terminación. La acción se ejerció, por tanto, en tiempo.

El cómputo que condujo a la decisión contraria partió de una base equivocada. Contar el término desde el 30 de octubre de 2018 supone un doble desacierto: de hecho, porque Comingel no se desvinculó en esa fecha, según quedó establecido, el plazo no corre desde que un fideicomitente deja -o se supone que deja- el contrato, sino desde que el contrato termina. Tomada la fecha que la ley señala -la terminación del negocio, a finales de 2020-, la demanda resulta oportuna por amplio margen.

A idéntica conclusión se llega al examinar la interrupción del término. La presentación de la demanda, el 6 de octubre de 2021, interrumpió la prescripción, y esa interrupción se consolidó porque el auto admisorio se notificó a la demandada dentro del año siguiente a su notificación a la parte actora: admitida la demanda el 14 de julio de 202 -una vez dirimido el conflicto de jurisdicción que dilató el trámite-, la notificación por estado a los demandantes y la notificación personal a la convocada ocurrieron el mismo 17 de julio de 202, con lo que se satisfizo con holgura la exigencia del artículo 94 del Código General del Proceso. La tardanza en la admisión, atribuible a la definición de la jurisdicción competente y no a la incuria de los actores, no obra en su contra.

No se configuró, pues, la prescripción de la acción. La excepción correspondiente, igualmente acogida en primera instancia, tampoco estaba llamada a prosperar.

4. Conclusión.

 Acreditada la legitimación de las partes y descartada la prescripción, se habrá de revocar la sentencia de primera instancia y se dispondrá la continuación del proceso para que el litigio se resuelva en su fondo: esto es, para que se determine si la fiduciaria incurrió o no en los incumplimientos que se le atribuyen y, en su caso, las consecuencias que de ello se sigan. No se impondrán costas en la instancia, dada la índole de esta decisión, que no pone fin al proceso, sino que ordena su continuación.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CASAR la sentencia proferida el 22 de julio de 2025 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO. Sin costas en el recurso extraordinario, por haber prosperado.

TERCERO. En sede de instancia, REVOCAR la sentencia anticipada proferida el 26 de noviembre de 2024 por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, que negó las pretensiones por falta de legitimación en la causa por activa y por prescripción.

CUARTO. En su lugar, DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y de prescripción, y ORDENAR a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia que prosiga el trámite del proceso, practique las pruebas a que haya lugar y profiera la sentencia que resuelva el fondo de la controversia.

QUINTO. Sin costas en la instancia.

SEXTO. Oportunamente, DEVUÉLVASE el expediente a la autoridad de origen.

NOTIFÍQUESE, 

 

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala 

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(Aclaración de voto)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Radicación n.º 11001-31-99-003-2023-03125-01

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión que en este asunto adoptó la Sala, así como los principales fundamentos que se esgrimieron en su respaldo, de manera respetuosa me permito exponer a continuación las razones por las cuales estimo necesario aclarar mi voto en relación con una puntual aseveración contenida en la parte motiva de la sentencia.

Cabe anteponer que las siguientes líneas no ponen en entredicho la resolución del cargo, así como tampoco el entendimiento que el fallo acoge acerca de la calidad de consumidor financiero, ni la aptitud de la cesión de derechos litigiosos para trasladar al cesionario la facultad de reclamar ante la entidad financiera por la forma en la que se ejecutó el negocio jurídico que subyace a la cesión.

La precisión que estimo importante efectuar recae sobre la afirmación incluida en el numeral 4.º de las consideraciones, según la cual la cesión de créditos, en contraposición a la de derechos litigiosos, se caracteriza por tener por objeto un «derecho cierto y exigible frente a un deudor determinado» (resaltado ajeno al texto original).

Si bien comprendo el propósito ilustrativo de tal aserto, considero, sin embargo, que, tal como quedó redactado, sugiere que la certeza y la exigibilidad son atributos que todo crédito debe reunir para poder ser cedido; comprensión que podría llevar a los jueces de instancia a descartar, sin fundamento, la cesión de acreencias futuras; sometidas a plazo o condición y las meramente eventuales, como aquellas que son propias de los contratos aleatorios.

En materia negocial, según lo ha recalcado en múltiples ocasiones esta Corporación, impera la autonomía de la voluntad privada, máxima sobre cuya base los artículos 16 y 1602 del Código Civil reconocen en los particulares la facultad de celebrar toda clase de negocios jurídicos que no contraríen el orden público.

La cesión de créditos no tiene por qué verse ajena a ese postulado y las disposiciones que la regulan (arts. 1959 a 1966, ib.) no contemplan en manera alguna que la acreencia susceptible de cesión sea solo la cierta y exigible.

El mismo Código Civil, en su artículo 1518, reconoce explícitamente la posibilidad de que toda declaración de voluntad tenga por objeto cosas o hechos que no existen, pero que se espera que existan al momento del cumplimiento, con tal que sean comerciables y estén determinadas en cuanto a su género; teleología que también replica, para la compraventa, el canon 1869.

Es cierto que para la cesión el ordenamiento reclama, como en cualquier otro negocio de disposición, la determinación o determinabilidad del objeto del negocio, esto es, que el crédito esté delimitado de manera tal que no quepa duda acerca de qué es lo transferido, incluso si el nacimiento o exigibilidad de lo que se traspasa se defirió en el tiempo, pero la identificación del objeto, por un lado, y la existencia y exigibilidad actual, por otro, son cuestiones distintas y solo la primera de ellas involucra un condicionante de validez de la cesión.

No sobra anotar que la doctrina nacional e internacional se ha pronunciado en esta dirección.

Hinestrosa, de un lado, apunta que «el objeto de la cesión es el crédito como bien incorporal, que puede no existir ni llegar a existir (...), como tampoco ser del cedente», por lo que «es del todo legítima la cesión de crédito futuro, siempre que esté determinado o al menos sea determinable», en una de las dos formas de disposición de los bienes futuros, como res spes o como res sperat.

Von Tuhr, por su parte, sostiene que «los créditos pueden ser cedidos antes de su vencimiento, y si se trata de créditos sujetos a condición suspensiva, antes de que la condición se cumpla», y que «consecuentemente, debe admitirse también la posibilidad de cesión de aquellos créditos cuyo nacimiento pertenece todavía por entero al porvenir (de los créditos futuros, en el sentido estricto de la palabra), v. gr., de los alquileres de una casa todavía no alquilada, del precio de una compra todavía no concertada, de la comisión de un negocio todavía no cerrado, del crédito de reparación de un daño aun no producido»; y agrega que en estos casos la exigencia que cabe predicar se limita a que «el objeto de la cesión debe concretarse suficientemente para que no pueda caber duda acerca de cuál crédito futuro es el cedido.

Larenz, a su vez, expone que, mientras no esté proscrito expresamente por el ordenamiento, «todo crédito puede ser cedido tanto antes como después de su vencimiento», siendo posible, y frecuente en la práctica, la cesión de créditos futuros; para lo cual «únicamente se exige que el crédito que se cede se halle tan exactamente caracterizado que después, en el momento de su nacimiento, pueda ser determinado sin género de duda.

La disquisición que aquí se intenta condensar lejos está de ser irrelevante, puesto que la aptitud circulatoria de los créditos no exigibles, y aun de los futuros, impacta de manera directa operaciones de uso corriente en el tráfico comercial. Es el caso, por ejemplo, del contrato de factoring, cuya esencia misma descansa sobre la posibilidad de reemplazar el extremo activo de una deuda que no se ha hecho exigible. En ese contexto, condicionar la cesión a la posibilidad actual del recaudo de la prestación implicaría cerrarle el paso, sin norma que lo autorice, a instrumentos legítimos de financiación.

Tampoco sobra enfatizar que la precisión que aquí dejo consignada no desdibuja el lindero que la sentencia traza entre la cesión de créditos y la de derechos litigiosos, puesto que, como bien se reconoce en este fallo, lo que separa una y otra figura es la naturaleza del objeto, no su existencia ni su exigibilidad actual.  

En la cesión de derechos litigiosos lo que se traspasa es «el evento incierto de la litis» (art. 1969, ib.), esto es, la contingencia de una disputa subjetiva; mientras que en la cesión de créditos lo que se transfiere es la posición activa en una obligación.

Por eso, para el contraste que el fallo quiso destacar (atinente al papel que cumple la notificación en cada modalidad de cesión), habría bastado con aludir al crédito como derecho (determinado o determinable) no discutido, sin los agregados de certeza y exigibilidad, los cuales la ley no impone; la doctrina descarta y la naturaleza del negocio admite sin reparo.

En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto, con la comedida reiteración de respeto por los demás integrantes de esta Sala.

Fecha ut supra,

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado

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